Tenerife Discapacidad amenaza con escraches a los políticos isleños

Restricción de comidas, falta de materiales, imposibilidad de realizar salidas y actividades al aire libre, trabajadores con reducción de jornada… Este es el panorama que pintan las asociaciones que atienden y asisten a los discapacitados de la isla de Tenerife, que ayer anunciaron que han dado una semana de plazo al Gobierno de Canarias y al Cabildo insular para que les abonen las cuatro mensualidades que les adeudan de 2013. En caso contrario, a partir del lunes próximo llevarán a cabo manifestaciones, escraches contra algunos políticos isleños y están dispuestos a cerrar algunos de los más de 40 centros afectados por los recortes.

En rueda de prensa, los portavoces de la Plataforma Tenerife Discapacidad, que agrupa a más de medio centenar de entidades de toda la provincia -que atienden a más de 2.000 personas con algún problema de salud mental, discapacidad intelectual y enfermedades raras-, pidieron al Gobierno que “baje a la tierra” y atienda a este colectivo. “Es responsabilidad de las administraciones cubrir servicios de atención directa, en los que trabajan cerca de 800 profesionales”, aseveró José Raúl Cordero, que insistió en que “las asociaciones han tenido que retrasar los pagos de sus obligaciones fiscales y muchas se han visto obligadas a pedir préstamos para hacer frente a las deudas que tienen, préstamos que además han avalado con sus patrimonios y cuyos intereses también tendrán que asumir”, recalcó Cordero.

En la misma línea se manifestó otra de las portavoces de la plataforma, Jessica Quintero, que pidió a la Consejería de Políticas Sociales y al Cabildo insular una “reunión urgente” para “acordar la fecha de la firma del convenio de 2013 y un compromiso por escrito de que se pagarán las deudas a todas las entidades”. “Llevamos años sufriendo importantes recortes, lo que ha generado una enorme incertidumbre en las asociaciones, que están asumiendo la atención de los discapacitados con fondos propios y endeudándose”, recalcó Quintero, que recordó que la Consejería de Sanidad eliminó en octubre de 2012 servicios como el de fisioterapia, “que acabaron pagando las entidades”.

Fuente Diario de Avisos